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Antonio Taveras EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras solicitó al presidente Luis Abinader ejecutar la Resolución núm. 00766 aprobada por el Senado de la República, que procura la declaratoria de utilidad pública y el justo pago de terrenos ocupados por comunidades establecidas durante décadas en esa demarcación. “La resolución fue recibida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 2025.
Contexto político
Es una iniciativa que representa la voz de miles de familias que han construido sus hogares y permanecen bajo la amenaza del desalojo por la falta de seguridad jurídica”, afirmó Taveras en una intervención en el pleno del hemiciclo este miércoles.
La medida incluye comunidades como Santa Lucía, en Boca Chica; Los Coquitos de Mendoza, Brisas del Edén, Buenaventura, ensanche Isabelita, Valiente, Los Humedales de Pantoja, Los Alcarrizos, La Grúa, Barrio Los Progreso y Nueva Jerusalén, entre otras.
Posiciones y declaraciones
El legislador explicó que la propuesta no desconoce el derecho a la propiedad privada, sino que plantea una solución amparada en el artículo 51 de la Constitución y la Ley 368-22 garantizando el debido proceso y el pago del justo valor a los propietarios.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Como parte de la solución, propuso crear un programa de compensación mediante una asignación en el Presupuesto General del Estado que permita pagar anualmente a los propietarios durante un período de diez años. “No buscamos enfrentar derechos.
Próximos pasos
No buscamos crear conflictos.
Buscamos una solución donde todos ganen.
Que los legítimos propietarios reciban una compensación justa, que el Estado actúe con responsabilidad y que miles de familias puedan finalmente obtener el título de propiedad”, expresó Taveras.
El legislador indicó que el Poder Ejecutivo recibió los levantamientos técnicos y jurídicos que avalan esta solicitud, realizados hace cuatro años por la Oficina Senatorial de Santo Domingo.
En ese sentido, pidió proceder con la declaratoria de utilidad pública, el pago correspondiente y la titulación definitiva de las comunidades. “No se trata únicamente de títulos, se trata de dignidad, se trata de paz social, se trata de justicia.
Que esta resolución no permanezca archivada.
Que se convierta en una realidad”, concluyó.
Con información de El Nuevo Diario.
