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San José LOS ÁNGELES (EE.UU.). – El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este miércoles a la ciudad de San José y a su departamento de Policía por considerar que el cobro de 1.591 dólares para solicitar una licencia para portar armas de fuego vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución.
Contexto internacional
La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, sostiene que la tarifa fijada por San José constituye una barrera económica para los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a portar armas para defensa personal.
El propio Departamento de Justicia señala que se trata de la tarifa más alta entre las principales ciudades del país.
Reacciones de actores clave
De acuerdo con la querella, la ciudad estableció en junio una tarifa de 1.591 dólares para solicitar una licencia de porte de arma oculta.
Los solicitantes deben pagar inicialmente el 20 % del monto, equivalente a 318 dólares, mientras que los 1.273 dólares restantes se abonan cuando la licencia es expedida.
Implicaciones
El Departamento de Justicia argumenta que la Corte Suprema ha establecido que las tarifas consideradas exorbitantes pueden entrar en conflicto con la Segunda Enmienda cuando terminan impidiendo que ciudadanos comunes puedan ejercer su derecho a portar armas con fines de defensa personal.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día La demanda también cuestiona otros requisitos impuestos por San José, entre ellos una evaluación psicológica cuyo costo debe asumir el solicitante.
Según la querella, este examen es exigido por la Policía de San José y no forma parte de los requisitos establecidos por la legislación estatal de California.
La fiscal general adjunta para la División de Derechos Civiles, Harmeet K.
Dhillon, había enviado el pasado 9 de septiembre una carta al alcalde de San José, Matt Mahan; al jefe de Policía, Paul Joseph, y a la fiscal municipal, Susana Alcala Wood, en la que ofrecía la posibilidad de resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales. “No hace falta ser abogado para reconocer que cobrar una tarifa varias veces superior al costo del arma misma es ilógico y constituye un intento inconstitucional de obstaculizar los derechos de los estadounidenses consagrados en la Segunda Enmienda”, afirmó Dhillon en el comunicado del Departamento de Justicia.
La funcionaria sostuvo además que el derecho constitucional a portar armas para defensa personal no debe quedar condicionado por el nivel económico de quienes buscan ejercerlo.
La demanda contra San José se suma a otras acciones emprendidas este año por el Departamento de Justicia contra gobiernos locales por presuntas restricciones incompatibles con la Segunda Enmienda.
Entre ellas figura una demanda presentada en agosto contra el condado de Montgomery, en Maryland, por una normativa que restringía el porte de armas en numerosos lugares públicos y establecía zonas de exclusión de 100 yardas alrededor de esos sitios.
El Departamento de Justicia también llegó en agosto a un acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles para modificar sus procedimientos de expedición de permisos de porte de armas, después de cuestionar los tiempos de tramitación de esas solicitudes.
Con información de El Nuevo Diario.
