Escuchar el artículo
Frente Amplio EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que tendría la eventual derogación del Decreto 693-24, al considerar que una apertura abrupta del mercado podría poner en riesgo la producción nacional de arroz, miles de empleos y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
Claves del anuncio
María Teresa Cabrera señaló que el arroz no puede ser tratado como una mercancía cualquiera, debido a su importancia dentro de la alimentación de la población y al peso que tiene dentro de la estructura productiva nacional.
Destacó que alrededor de la actividad arrocera se articula una extensa cadena que incluye productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, proveedores de insumos y maquinarias, servicios financieros, almacenamiento y comercialización.
Impacto económico
De acuerdo con un comunicado, la dirigente del Frente Amplio sostuvo que, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores y genera alrededor de 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Agregó que el arroz representa además entre 13 % y 15 % del PIB agropecuario, por lo que una reducción significativa de la producción nacional tendría efectos que trascenderían al propio sector agrícola. “Sustituir producción dominicana por importaciones no significa únicamente comprar arroz fuera del país; significa también trasladar al exterior una parte del valor agregado, los ingresos y los empleos que hoy se generan en nuestro país”, expresó.
Proyecciones
Cabrera cuestionó, además, que se asuma automáticamente que la eliminación o reducción de los aranceles producirá una disminución equivalente en el precio que paga el consumidor al explicar que el precio final del arroz está condicionado también por los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, señaló que Costa Rica redujo en 2022 los aranceles aplicados al arroz, con el propósito de contener los precios, experiencia que, a juicio del Frente Amplio, evidencia la necesidad de evaluar si una reducción arancelaria realmente se transmite de manera proporcional al consumidor antes de debilitar la producción nacional. “Una nación que tiene capacidad para producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad.
La seguridad alimentaria también es una cuestión de soberanía nacional”, afirmó la vocera.
El Frente Amplio manifestó su oposición a la derogación del Decreto 693-24 y planteó que la defensa de la producción nacional debe estar acompañada de una política integral para elevar la productividad y competitividad del sector arrocero al tiempo de impulsar una política de modernización y mecanización, investigación y desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos, aumento de los rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena productiva. “Defender el Decreto 693-24 no significa defender el atraso.
Necesitamos proteger la producción nacional mientras modernizamos aceleradamente el sector para producir un arroz cada vez más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos”, concluyó Cabrera.
Con información de El Nuevo Diario.
