Escuchar el artículo
Rescatar Inabie Carta abierta al presidente Luis Abinader En nuestras recientes entregas en Z Digital hemos procurado explicar que le haríamos un daño colosal al país si continuáramos concibiendo al INABIE como una gigantesca maquinaria de compras, una fuente inagotable de contratos o un mercado creado para satisfacer intereses empresariales.
Contexto
Su misión posee una trascendencia intra e intergeneracional, pues consiste en proteger al estudiante, contribuir a su permanencia en la escuela y generar condiciones que favorezcan su aprendizaje y desarrollo humano.
Le escribo señor presidente porque los acontecimientos que periódicamente sacuden esta institución nos obligan a no permanecer inmóviles ni refugiarnos en la indiferencia. ¿Hasta qué punto hemos permitido que una de las políticas sociales más importantes del Estado dominicano se convierta en terreno de disputa entre intereses económicos, presiones políticas y prácticas clientelares? No pretendo desacreditar a nadie ni sumarme a esa odiosa práctica tan frecuente en las redes, donde se destruyen reputaciones sin aportar pruebas.
Detalles
Hablemos de hechos documentados.
El 30 de marzo de 2022, Contrataciones Públicas remitió a la PEPCA un informe sobre irregularidades en la licitación del almuerzo escolar 2021-2022, iniciada antes de la llegada de Víctor Castro.
Reacciones
Entre sus hallazgos figuraban criterios de adjudicación no transparentados, tráfico de influencias y vínculos entre 614 proveedores relacionados mediante distintas razones sociales.
El problema tampoco desapareció con el transcurso del tiempo.
En agosto de 2025, Contrataciones Públicas dispuso anular 18 adjudicaciones de mochilas y kits escolares y otras 21 de uniformes, correspondientes a procesos realizados durante la gestión de Castro, aunque las resoluciones fueron emitidas después de su salida.
En esa ocasión, las investigaciones identificaron documentación alterada, deficiencias en las inspecciones e indicios de colusión y conflictos de interés.
Estos hallazgos ponen de manifiesto que, pese a los esfuerzos del ingeniero Castro, quien heredó un lodazal y procuró adecentar el organismo y encaminarlo hacia el bien mayor, persistieron debilidades institucionales que debemos reconocer y corregir.
Conozco de primera mano aquellos esfuerzos y considero un deber distinguir las irregularidades administrativas de las responsabilidades individuales.
No dispongo de elementos que permitan atribuirle participación personal en las posibles irregularidades detectadas durante su gestión.
Es más, por cuanto conozco al hombre y al funcionario, tengo la firme convicción de que no existen pruebas que lo vinculen personalmente con semejantes bellaquerías.
Más recientemente, el 17 de agosto de 2026, empresarios de la región Este denunciaron supuestos cobros de entre veinte y veinticinco millones de pesos relacionados con adjudicaciones de cocinas escolares, algunas presuntamente inexistentes.
Si bien el INABIE defendió los criterios y controles aplicados, entendemos que son acusaciones graves que requieren investigaciones concluyentes, no sentencias anticipadas.
El 3 de septiembre, el propio instituto informó que había suspendido los contratos de catorce proveedores tras detectar cocinas desmanteladas, instalaciones no localizadas, capacidades productivas inconsistentes y deficiencias sanitarias.
Reconozcamos la actuación correctiva, pero preguntémonos: ¿ cómo pudieron determinados establecimientos superar las evaluaciones iniciales y aparecer posteriormente con semejantes deficiencias? ¿Qué falló o qué ocurrió entre ambas inspecciones? Recordemos también que el 14 de septiembre, representantes de mipymes denunciaron nuevas irregularidades y reclamaron una auditoría independiente.
La dirección respondió que las adjudicaciones incorporaron criterios técnicos, financieros y de distancia, junto con controles digitales.
A estas denuncias se suman las investigaciones de la periodista Nuria Piera, que cuestionaron la adjudicación de contratos a oferentes inicialmente descalificados y a empresas de reciente creación, cuya capacidad operativa y financiera merece ser esclarecida.
Ante toda esta avalancha de denuncias y acusaciones, señor presidente, debería mantenerse un principio irrenunciable: ninguna denuncia equivale a culpabilidad.
El reciente fallo del Tribunal Superior Administrativo, que dejó sin efecto anulaciones de adjudicaciones de zapatos escolares respecto de siete proveedores por razones procedimentales, nos recuerda que combatir la corrupción desconociendo las garantías legales termina debilitando a los propios órganos de control.
Le escribo también desde mi experiencia.
Fui un alto funcionario del INABIE y conozco de primera mano sus enormes complejidades, indescriptibles tensiones administrativas y presiones relacionadas con las contrataciones.
Llegué a finales de 2021 y, cuando me retiré, salí más pobre de lo que había entrado; no invoco esta circunstancia como certificado de virtud ni pretendo sustraer mi gestión en particular del escrutinio público.
El mejor balance de aquella experiencia no estuvo en lo que pude llevarme en los bolsillos, sino en lo aprendido y en el fortalecimiento de una convicción que hoy defiendo con mayor firmeza: alimentar a un estudiante no significa simplemente colocar una ración sobre su mesa, sino intervenir sobre la pobreza, la nutrición, la salud y sus oportunidades futuras.
Esa dimensión humana no puede perderse entre contratos y disputas presupuestarias.
Precisamente por conocer estas realidades, considero necesaria una profunda transformación institucional.
Le propongo valorar la creación de una comisión independiente, integrada por intelectuales y técnicos de reconocida solvencia moral y profesional, que acompañe y supervise los procesos sin sustituir las competencias legales de los órganos responsables.
Resulta igualmente indispensable depurar exhaustivamente a los oferentes, particularmente a quienes pudieran esconderse bajo la legítima necesidad de apoyar a las mipymes para hacer sus diabluras.
Es perentorio asegurar trazabilidad contractual, identificación de beneficiarios finales, inspecciones independientes acreditadas y protección efectiva a quienes denuncien irregularidades.
También profesionalizar la institución para impedir que cada cambio de autoridades termine desmontando capacidades acumuladas.
Por tanto, no se trata de multiplicar controles sobre el papel, sino de construir un sistema donde resulte cada vez más difícil cometer irregularidades y hacerlo sin consecuencias.
Señor presidente: Rescatar al INABIE no significa proteger reputaciones, favorecer suplidores ni sustituir una clientela por otra.
Significa esclarecer los hechos, exigir responsabilidades individualizadas y colocar definitivamente al estudiante por encima de cualquier otro interés.
El alimento de un niño no puede convertirse en instrumento de privilegios.
De ser así comprometemos no solo presupuesto público; también se pone en riesgo el futuro mismo de la nación.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados.
Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.
Julio Santana es economista y analista de temas técnicos, geopolíticos y nacionales.
Cuenta con una amplia trayectoria en el sector gubernamental dominicano y mantiene una voz crítica, independiente y poco complaciente en el análisis de asuntos nacionales e internacionales.
Con información de Z Digital.
