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Tiempo Justicia En 2019, un abogado que depositaba un recurso de casación en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia sabía que debía armarse de paciencia: el expediente engrosaría un archivo de 9,170 casos activos, el 90.77% de ellos incompletos, y su suerte dependería de que las partes impulsaran cada actuación pendiente.
El argumento
La respuesta, cuando llegaba, podía tomar hasta dos años.
Hoy, ese mismo abogado deposita su recurso desde una plataforma digital, recibe acuse inmediato y puede seguir su trámite sin pisar una oficina.
Contexto
Esa distancia es la medida más honesta de lo que ha cambiado.
La justicia no se agota en la sentencia.
Conclusión
Antes de que un tribunal decida, hay un expediente que fue recibido, verificado, clasificado y conducido con puntualidad hasta la mesa donde se delibera.
Ese trabajo, discreto y poco visible, es también justicia, y de su calidad depende buena parte de la confianza que la ciudadanía deposita en el sistema que la imparte.
Conviene, sin embargo, distinguir dos virtudes que suelen confundirse.
El compromiso es una disposición personal: la constancia de quien atiende cada solicitud como si fuera la única.
La visión es un ejercicio institucional: la capacidad de proyectar hacia dónde debe dirigirse una organización y sostener ese rumbo más allá de quien la dirige en un momento dado.
Hay compromiso sin visión, que se agota en el esfuerzo diario; y hay visión sin compromiso, que se queda en el plan.
La reforma institucional ocurre, precisamente, en el cruce de ambas.
La Constitución ofrece el marco de ese cruce.
Su artículo 8 define como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, y su artículo 154 encomienda a la Suprema Corte de Justicia la posición de órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial.
Cumplir ese doble mandato exige un pleno independiente y una estructura de apoyo capaz de sostenerlo con orden y oportunidad.
En esa articulación entre lo jurisdiccional y lo administrativo se juega la eficacia real de la tutela judicial efectiva, no solo su enunciado.
Entre 2019 y 2026, la Secretaría General asumió esa tarea desde una premisa sencilla: el compromiso institucional se mide en la manera en que se atiende a quien deposita un recurso, espera una certificación o necesita una notificación oportuna.
El inventario de expedientes se redujo en 93.28%; el tiempo promedio de tramitación pasó de alcanzar hasta dos años a situarse en 27 días; la capacidad de respuesta llegó a superar el volumen de lo que ingresa.
Una máxima antigua del derecho procesal resume por qué esto importa: justicia retardada es justicia denegada.
Ganar tiempo, en sede judicial, equivale a restituir un derecho.
Esos números no cuentan toda la historia, pero revelan una transformación de fondo.
La migración a sistemas digitales de gestión de casos, la firma electrónica, el depósito virtual, la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional y la publicación de decisiones a través de JURISTECA son instrumentos al servicio de una idea exigente: que quien acude a la justicia encuentre respuestas trazables, previsibles y accesibles.
Detrás de esas herramientas hay personas: 24,828 abogados juramentados, 350 comisiones rogatorias tramitadas y miles de notificaciones que hoy llegan por vía electrónica.
La transformación digital, bien mirada, es transformación humana.
Ese es el sentido de la visión que hoy orienta al Poder Judicial dominicano hacia una justicia más ágil en sus plazos, más accesible en sus canales y más transparente en su información, con horizonte hacia 2034.
Esos atributos se construyen expediente a expediente, con la paciencia de quien entiende que la reforma institucional es un proceso acumulativo.
Esa transparencia empieza por el propio informe: se hace público en su totalidad, como aporte a la memoria histórica institucional, disponible en poderjudicial.gob.do/suprema-corte-de-justicia/secretaria-general/datos-estadisticos/ .
Vale la pena decirlo con honestidad: queda camino por recorrer.
La automatización del seguimiento de la mora, la consolidación de su estructura funcional y la ampliación de los canales digitales de atención siguen siendo tareas pendientes.
Pero el rumbo está trazado, comprobable en cifras y en procesos.
Aquel abogado de 2019 hoy resuelve en minutos lo que antes le tomaba años de espera.
Ese es, al final, el objetivo común que a todos nos convoca: una justicia que, además de recta, sea oportuna, cercana y digna de la confianza pública que la sostiene.
César José García Lucas Secretario General de la Suprema Corte de Justicia Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES impasse Encuestas Edición impresa sérum de pestañas
Con información de Listín Diario.
