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Procuradora Alerta Violación a la Constitución | Carmen Alardo Peña, procuradora de la Corte de Apelación del DN, recuerda que de 16 jueces que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a penas quedan dos mujeres Carmen Alardo Peña, procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Contexto
10.09.2026 | 09:41 10.09.2026 | 09:41 Santo Domingo.
La procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Carmen Alardo Peña, advirtió hoy sobre la drástica reducción de la presencia de la mujer como juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en violación al principio de igualdad establecido en la Constitución de la República.
Detalles
Manifestó que con la salida de esa alta corte de juezas de aquilatada trayectoria, la presencia femenina se ha visto reducida a dos magistradas activas: Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Lisett Vásquez Castro.
Alardo Peña señaló que tras confirmarse a cinco magistrados y abrirse el proceso para llenar seis plazas en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la conformación del pleno de dieciséis miembros ha quedado en una posición que demanda atención.
Reacciones
Precisó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no enfrenta un simple trámite administrativo de sustitución de vacantes, puesto que lo que tiene sobre la mesa es un dilema de legitimidad en el sentido más estricto del derecho constitucional contemporáneo.
Sostuvo que la validez formal de un nombramiento no basta si el órgano resultante nace divorciado de la representatividad y de los principios axiológicos que sostienen a la República. “En un Estado social y democrático de derecho, la corte de casación esta llamada a operar con una presencia femenina cónsona a la igualdad, es más que un detalle secundario o una atribución aritmética; pues de no fortalecerse crearía una incoherencia estructural que debilitaría la autoridad moral de sus fallos”.
Recordó que el mandato constitucional no deja espacio a la evasiva, puesto que el artículo 39.4 de la Carta Magna ordena expresamente promover las medidas necesarias para erradicar las desigualdades y garantizar la paridad en los órganos de dirección y decisión del Estado. “En este escenario, la cuota y la paridad de género no constituyen una dádiva ni un favor identitario: son un imperativo constitucional, con la falacia del mérito frente a la realidad sociológica durante décadas se ha intentado neutralizar el debate sobre la cuota y la equidad escudándose en una supuesta defensa exclusiva del mérito, precisó.
Sostuvo que que en la República Dominicana de hoy, ese argumento es inofensivo en la retórica, pero falso en los hechos. “En los juzgados de paz, en los tribunales de primera instancia y en las presidencias de las Cortes de Apelación a nivel nacional, más del 60 % de la judicatura está en manos de mujeres.
Precisó que se trata de juezas de carrera egresadas de la Escuela Nacional de la Judicatura con maestrías, doctorados, décadas de servicio probo y evaluaciones de desempeño intachables. “A esta masa crítica de la carrera judicial se suma el sector externo, donde juristas destacadas del litigio, la doctrina y la academia ejercen un liderazgo indiscutible.
La vacante reservada por ley para abogados procedentes de fuera del escalafón es el canal idóneo para inyectar al tribunal una visión fresca, dogmática y rigurosa proveniente del ejercicio libre, miembro del ministerio público o la docencia universitaria”, puntualizó.
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Con información de El Nacional.
