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Desobediencia Civil Cada día observamos en medios tradicionales y redes sociales episodios de confrontación entre ciudadanos y autoridades.
El argumento
Personas que se resisten a una fiscalización, conductores que intentan evadir un puesto de control, discusiones que escalan innecesariamente y agentes que, en ocasiones, responden de manera desproporcionada.
La conclusión más sencilla sería atribuir toda la responsabilidad a uno de los dos lados.
Contexto
El problema, sin embargo, es mucho más complejo.
Estamos frente a un “progresivo deterioro de la relación entre autoridad, ciudadanía y cumplimiento de las normas”.
Conclusión
Y cuando una sociedad comienza a considerar normal tanto desobedecer la ley como ejercer arbitrariamente la autoridad, empieza a transitar un camino peligroso hacia la anomia social.
No podemos exigir respeto a la autoridad sin preguntarnos primero qué estamos haciendo para construir una autoridad respetable.
Pero tampoco podemos utilizar los errores, excesos o arbitrariedades de determinados agentes como justificación para desconocer las normas o desafiar legítimamente a quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.
Pensemos en un ejemplo sencillo.
Un estudiante universitario se desplaza en una motocicleta utilizando su casco protector.
Es detenido en un operativo, presenta su identificación, licencia, matrícula y seguro.
A pesar de encontrarse aparentemente en regla, su motocicleta es retenida sin una explicación comprensible y debe posteriormente invertir horas o días intentando recuperarla.
Probablemente, la próxima vez que observe un puesto de control, en lugar de percibir la presencia policial como garantía de seguridad, sentirá temor, rechazo o desconfianza.
Incluso podría tomar la equivocada decisión de evadirlo.
Una actuación arbitraria no justifica la desobediencia posterior, pero debemos comprender que “la confianza en las instituciones también se construye a partir de la experiencia cotidiana del ciudadano frente al Estado”.
Lo mismo ocurre cuando se procura controlar el ruido y la contaminación sónica.
El Estado tiene el deber de garantizar la tranquilidad y convivencia social.
Pero hacer cumplir la ley no significa necesariamente llegar, detener indiscriminadamente, ocupar equipos, retirar sillas o utilizar la fuerza como primera respuesta.
La advertencia, orientación, concientización y actuación gradual, cuando las circunstancias lo permitan, también constituyen formas legítimas de ejercer autoridad.
La autoridad pierde legitimidad cuando se transforma en arbitrariedad.
Pero la ciudadanía también erosiona el Estado de derecho cuando convierte el incumplimiento de las normas en una conducta socialmente aceptada.
Por eso sería injusto presentar este fenómeno exclusivamente como un problema policial.
Es un problema del Estado, pero también de nosotros como sociedad.
Tenemos ciudadanos que reclaman derechos mientras desconocen deberes; padres que exigen disciplina en las calles, pero no siempre la enseñan en sus hogares; autoridades que demandan respeto, aunque algunas de sus actuaciones no siempre lo generan; y un Estado que durante décadas no ha conseguido construir suficientemente una cultura sostenida de legalidad, convivencia y confianza institucional.
Aquí aparece el verdadero riesgo: la anomia social, entendida como el debilitamiento progresivo de las normas como referentes efectivos de comportamiento colectivo.
Cuando respetar la ley comienza a parecer opcional y la autoridad deja de ser percibida como legítima, el problema supera cualquier incidente aislado.
La respuesta tampoco puede ser exclusivamente represiva.
Necesitamos políticas públicas orientadas a reconstruir una cultura de respeto a las normas desde la escuela, el hogar, las instituciones y los espacios públicos.
Educación cívica, formación permanente de los cuerpos de seguridad, protocolos claros de actuación, mecanismos efectivos frente a los abusos y campañas de concientización ciudadana deben formar parte de una misma política de convivencia.
El ciudadano debe comprender que obedecer una orden legítima de la autoridad no constituye una humillación.
Y quien ejerce autoridad debe recordar que portar un uniforme tampoco concede licencia para actuar arbitrariamente.
El respeto debe funcionar en ambas direcciones.
Porque una sociedad donde el ciudadano deja de respetar a la autoridad es peligrosa; pero también lo es aquella donde la autoridad deja de respetar al ciudadano.
Si permitimos que ambas cosas se normalicen como en esencia esta sucediendo, quizás algún día descubramos que el verdadero problema nunca fue quién comenzó a desobedecer primero, sino “cómo permitimos entre todos que respetar las reglas dejara de ser la norma”.
Con información de El Nuevo Diario.
