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Dilema Legitimidad Tras confirmarse a cinco magistrados y abrirse el proceso para llenar seis plazas en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la conformación del pleno de dieciséis miembros ha quedado en una posición que demanda atención.
El argumento
Con la salida de juezas de aquilatada trayectoria, la presencia femenina se ha visto reducida a dos magistradas activas: Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Lisett Vásquez Castro.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no enfrenta un simple trámite administrativo de sustitución de vacantes; lo que tiene sobre la mesa es un dilema de legitimidad en el sentido más estricto del derecho constitucional contemporáneo: la validez formal de un nombramiento no basta si el órgano resultante nace divorciado de la representatividad y de los principios axiológicos que sostienen a la República.
Contexto
En un Estado social y democrático de derecho, la corte de casación está llamada a operar con una presencia femenina cónsona con la igualdad.
Es más que un detalle secundario o una atribución aritmética, pues, de no fortalecerse, crearía una incoherencia estructural que debilitaría la autoridad moral de sus fallos.
Conclusión
El mandato constitucional no deja espacio a la evasiva.
El artículo 39 de la Carta Magna establece la igualdad entre mujeres y hombres, ordena promover medidas para erradicar las desigualdades y dispone la participación equilibrada de mujeres y hombres en instancias de dirección y decisión, incluida la administración de justicia.
En este escenario, la cuota y la paridad de género no constituyen una dádiva ni un favor identitario: son un imperativo constitucional.
Durante décadas se ha intentado neutralizar el debate sobre la cuota y la equidad escudándose en una supuesta “defensa exclusiva del mérito”.
En la República Dominicana de hoy, ese argumento es inofensivo en la retórica, pero falso en los hechos.
En los juzgados de paz, en los tribunales de primera instancia y en las presidencias de las Cortes de Apelación a nivel nacional, más del 60 % de la judicatura está en manos de mujeres.
Son juezas de carrera egresadas de la Escuela Nacional de la Judicatura, con maestrías, doctorados, décadas de servicio probo y evaluaciones de desempeño intachables.
A esta masa crítica de la carrera judicial se suma el sector externo, donde juristas destacadas del litigio, la doctrina y la academia ejercen un liderazgo indiscutible.
La vacante reservada por ley para abogados procedentes de fuera del escalafón es el canal idóneo para inyectar al tribunal una visión fresca, dogmática y rigurosa proveniente del ejercicio libre, del Ministerio Público o de la docencia universitaria.
El talento existe dentro y fuera del sistema; el cuello de botella ha sido la falta de voluntad para abrir el cerrojo del poder.
Si el mérito abunda y predomina en los peldaños donde se concursa y se califica con objetividad, ¿por qué desaparece justo en el último tramo, cuando la selección depende de la discrecionalidad política de los consejeros? Este proceso no puede ser resuelto en el sigilo de las componendas partidarias.
La sociedad civil, los colegios profesionales, las universidades, los observatorios de justicia y las plataformas ciudadanas tienen la obligación cívica de abandonar el papel de espectadores pasivos.
Deben fiscalizar las ponderaciones, denunciar los favoritismos y exigir que, de las seis plazas, una mayoría sea cubierta por mujeres juristas de probada solvencia ética e idoneidad técnica, tanto en las cinco plazas de carrera como en la plaza del sector externo.
El reto que encaran los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura es categórico si no pretenden reproducir una cúpula judicial homogénea y anacrónica.
Las seis vacantes representan la oportunidad inaplazable no solo de equilibrar las salas del alto tribunal, sino de dar el paso de madurez institucional definitivo: poner sobre la mesa, con naturalidad y rigor de méritos, la llegada de una mujer a la propia Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
Colocar la visión, el temple y la formación de juristas de excepción, tanto del cuerpo judicial como del ámbito externo, en los espacios donde se fijan los grandes precedentes de la nación, en modo alguno es una concesión formal: es la decisión más lúcida para enriquecer la jurisprudencia, blindar la confianza ciudadana y proyectar una justicia que dialogue, con plena sabiduría e integridad, con el porvenir dominicano.
El CNM está a prueba; la legitimidad de la justicia dominicana depende de su respuesta.
Procuradora General de la Corte de Apelación del D.
N.
Con información de El Nuevo Diario.
