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Roberto Fulcar En política, el tiempo suele tener una virtud que el ruido del momento no posee: coloca los acontecimientos en perspectiva.
El argumento
Una acusación puede ocupar titulares durante semanas y una sospecha repetida muchas veces puede terminar convertida en verdad ante la opinión pública.
Pero también existen quienes, frente al vendaval, deciden no responder a cada señalamiento ni convertir su defensa en un espectáculo cotidiano.
Contexto
Esperan.
Confían en que los documentos hablen y en que las instituciones hagan su trabajo.
Conclusión
Esa ha sido, a mi juicio, una de las características más significativas de Roberto Fulcar durante los últimos años: su espera estoica frente a cuestionamientos que tocaron no solamente su gestión pública, sino también su nombre y su trayectoria.
Fulcar asumió el Ministerio de Educación en agosto de 2020, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia educativa reciente.
El COVID-19 había cerrado las escuelas y millones de estudiantes permanecían en sus hogares.
El nuevo Gobierno tenía frente a sí una decisión extraordinariamente compleja: permitir que la pandemia paralizara también la educación o construir, en tiempo récord, una alternativa que permitiera preservar el año escolar.
No existían manuales para enfrentar aquella realidad y prácticamente todos los sistemas educativos del mundo buscaban respuestas mientras avanzaba una emergencia sanitaria sin precedentes.
La decisión fue continuar.
Bajo la dirección de Roberto Fulcar se desarrollaron estrategias para llevar la educación hasta los hogares utilizando televisión, radio, plataformas digitales y materiales impresos.
Hubo que capacitar docentes, producir contenidos, reorganizar metodologías y preparar posteriormente protocolos para el retorno gradual a las aulas.
Con las dificultades inevitables de una experiencia inédita, la República Dominicana logró mantener funcionando su sistema educativo y evitar que la pandemia significara simplemente la pérdida de un año escolar para millones de niños y jóvenes.
Ese logro merece ser colocado en su justa dimensión.
A Fulcar le correspondió administrar Educación cuando las escuelas estaban cerradas, cuando existía temor entre las familias y cuando todavía desconocíamos cuánto tiempo duraría aquella crisis.
Su gestión tuvo que innovar por necesidad, acelerar procesos y buscar mecanismos para mantener conectados a estudiantes y maestros.
Naturalmente, hubo decisiones discutibles y aspectos que pudieron hacerse mejor, porque las gestiones perfectas no existen, pero reducir aquellos dos años a las controversias que llegaron después sería profundamente injusto.
También debemos incorporar a ese balance los resultados de PISA 2022.
La República Dominicana registró avances respecto de 2018 en matemáticas, lectura y ciencias, después de atravesar una pandemia que provocó importantes pérdidas de aprendizaje alrededor del mundo.
Aquellos resultados no significan que nuestros problemas educativos hayan desaparecido; todavía tenemos enormes desafíos en materia de calidad y aprendizaje.
Pero si tenemos la disposición de señalar las debilidades de una gestión, debemos mostrar la misma honestidad intelectual para reconocer sus resultados positivos.
Entonces llegó agosto de 2022.
Roberto Fulcar salió del Ministerio de Educación y, en poco tiempo, las noticias relacionadas con compras, contrataciones y supuestas irregularidades comenzaron a dominar parte de la conversación pública sobre su administración.
El debate dejó de concentrarse en las políticas educativas y su nombre comenzó a cargar con sospechas que, para una parte de la sociedad, parecieron convertirse en una sentencia antes de que las instituciones competentes hubieran concluido su trabajo.
En política existen intereses, aspiraciones, luchas de poder y también importantes intereses económicos alrededor de las decisiones del Estado.
Sería irresponsable afirmar sin pruebas que alguno de esos factores determinó la salida de Fulcar, pero sería igualmente ingenuo analizar la política como si las decisiones ocurrieran en el vacío.
Algún día la historia quizás permita comprender con mayor claridad todas las circunstancias que confluyeron en aquel momento.
Lo que sí podemos evaluar hoy es la forma en que Fulcar decidió enfrentarlo.
Pocos días después de abandonar el Ministerio, fue el propio Roberto Fulcar quien solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera y de procesos de toda su administración.
Ese detalle me parece fundamental.
Ante las sospechas, pidió investigación; frente a los cuestionamientos, solicitó que se revisaran los documentos.
Y luego hizo algo particularmente difícil para cualquier persona cuya reputación está siendo cuestionada: esperó.
Esa espera no debió ser sencilla.
Mientras el tiempo institucional avanzaba con su acostumbrada lentitud, el tiempo humano transcurría de otra manera.
Los señalamientos permanecían, las noticias podían encontrarse con una búsqueda en internet y las sospechas seguían acompañando un apellido construido durante décadas de docencia, formación y servicio público.
Sin embargo, Fulcar esperó el resultado de las instituciones a las que él mismo había pedido que investigaran su gestión.
En esa actitud encuentro la dimensión estoica de esta historia: soportar el peso del juicio público mientras se confía en que los hechos, tarde o temprano, tendrán la oportunidad de hablar.
Y finalmente hablaron.
Las conclusiones conocidas del proceso de auditoría contienen observaciones y recomendaciones relacionadas con procedimientos administrativos y mecanismos de control, como corresponde a un ejercicio de fiscalización, pero las informaciones divulgadas sobre sus resultados no establecen las irregularidades que durante años quedaron asociadas públicamente al nombre de Roberto Fulcar.
Después de tanta espera, esa diferencia no es menor.
Es aquí donde este tema deja de ser exclusivamente político.
Roberto Fulcar no comenzó su historia cuando fue designado ministro.
Antes había sido maestro, formador de maestros y un hombre cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a la educación dominicana.
Se puede cuestionar una decisión suya, disentir de sus políticas o evaluar críticamente su administración.
Eso es parte de la democracia.
Pero existe una enorme distancia entre fiscalizar a un funcionario y convertir una sospecha en una condena moral antes de que las instituciones hayan determinado los hechos.
Una auditoría puede revisar contratos, pagos, expedientes, inventarios y procedimientos, pero existe algo que ningún informe puede contabilizar: el costo de esperar años mientras una reputación permanece bajo sospecha.
Tampoco puede medir lo que significa para una familia escuchar acusaciones contra uno de los suyos, ni lo que representa para un educador ver cuestionado un nombre construido durante toda una vida.
Las instituciones pueden esclarecer los hechos, pero no existe todavía una institución capaz de devolver intacta la honra después de haber sido sometida durante años al juicio público.
No escribo estas líneas para sostener que la gestión de Roberto Fulcar fue perfecta.
No lo fue, porque ninguna gestión pública lo es.
Las escribo porque considero que la justicia debe funcionar en ambas direcciones.
Si tenemos la valentía de cuestionar cuando aparecen denuncias, debemos tener también la grandeza de reconocer cuando una investigación ofrece conclusiones que obligan a reconsiderar aquello que alguna vez dimos por cierto.
La transparencia sirve para encontrar responsabilidades cuando existen, pero también debe servir para despejar sospechas cuando estas no encuentran sustento.
Quizás ahora podamos mirar aquella gestión con menos pasión y mayor perspectiva.
Fulcar recibió las escuelas cerradas y contribuyó a mantener abierta la educación; dirigió el sistema en medio de una crisis mundial, impulsó alternativas para que millones de estudiantes continuaran vinculados al aprendizaje y encabezó posteriormente el proceso de retorno progresivo a las aulas.
Los avances registrados en PISA 2022 también forman parte de aquel período.
La historia tendrá tiempo suficiente para evaluar sus errores y sus aciertos, pero sería injusto permitir que las sospechas de ayer borraran los hechos que también forman parte de su legado.
Hay silencios que nacen del miedo y otros que nacen de la seguridad de quien sabe que llegará el momento de los documentos.
Tal vez esa sea la verdadera dimensión de la espera estoica de Roberto Fulcar.
No necesitaba que el tiempo borrara lo ocurrido; necesitaba que transcurriera lo suficiente para que las instituciones terminaran su trabajo y los hechos pudieran hablar por encima del ruido.
Hoy el tiempo comienza a colocar las piezas en su lugar.
Pero absolver no siempre significa reparar.
Una conclusión institucional puede responder preguntas administrativas, pero difícilmente devuelve los años durante los cuales una persona tuvo que esperar para que su versión encontrara respaldo en los hechos.
Por eso, después de la espera, queda una deuda que no corresponde a la Cámara de Cuentas ni puede resolverse mediante otra auditoría.
Es una deuda de nuestra conversación pública, de nuestra manera de hacer política y de nuestra facilidad para condenar antes de esperar.
El tiempo podrá absolver a Roberto Fulcar.
La pregunta que permanece es mucho más profunda: ¿quién repara la honra de un hombre que dedicó su vida a enseñar, educar y formar mientras tuvo que esperar, estoicamente, a que los hechos hablaran por él?
Con información de El Nuevo Diario.
